Cebil Redondo es una comuna en expansión. Muchos de sus nuevos habitantes viven en barrios cerrados, en el piedemonte. A fines del año pasado, sucedió algo que el delegado, Fabián Assán, calificó como un hito: empresarios y gobernantes se juntaron a conversar sobre ese desarrollo urbano. Coincidieron en que urge evitar que el crecimiento se produzca de forma desordenada. Eso provocaría -principalmente- que los servicios básicos, como el agua potable, sean dotados sin organización. O que la localidad de Villa Carmela, cabecera y casco viejo de la comuna, se inunde debido a los desmontes cerro arriba. O que una manzana mida una hectárea y que, en consencuencia, no haya calles públicas.

“Relevamos nuestros terrenos y la cuenca que tendrá impacto”

“Me preocupan los countries. Son una gran demanda. Todas mis preocupaciones, derivan de esa. Primero, me pregunto qué vamos a hacer con el agua. ¿De dónde vamos a sacar para todos? Después, pienso en los desagües pluviales. Necesitamos que el agua baje controlada del pie del cerro. Y tercero, la ruta 315, que es la continuidad del Camino del Perú, está saturada. No da para más”. Assán tiene mucho para decir. En aquella ocasión, planteaba una inquietud tras otra. Aunque todas esas dudas suyas tienen -como él dice- un único origen: la comuna que gobierna ha pasado de ser un territorio rural a sentir la asfixia de las ciudades vecinas, como Yerba Buena, que empujan sus propios límites.

“Hemos crecido con rapidez. Pero ni siquiera tenemos un código de planeamiento propio. En los papeles, seguimos siendo un territorio rural”, razona. Tras ese encuentro en 2019, esta semana se producirá otro, impulsado por la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia, a cargo del ingeniero Fernando Baratelli. Han sido convocados los directores de las direcciones del Agua y Vialidad. También citaron a Assán y a empresarios del sector privado. ¿El título del convite? Algo así como dislucidar qué hacer con la conducción de los desagües pluviales, inicialmente.

En el horno

La planificación genera espacio público. Jerarquiza los usos. Y protege el medio ambiente. Crecer sin planeamiento significa dejar el crecimiento en manos de los privados. Eso es lo que plantea el ingeniero civil Daniel Diambra. “Aquí, el meollo es la falta de planificación. Cada una de las dependencias del Estado conoce su libreto. Pero no se juntan y dicen: ‘este es mi libreto’, ‘¿cual es el tuyo?’. Ante esa ausencia de reglas, algunos emprendedores hacen lo que pueden. O lo que quieren”, razona.

Luego refuerza el planteo de Assán referido a la necesidad de que las comunas poseean sus propios códigos. “Si no, estamos en el horno”. A sus 65 años, Diambra ha ocupado cargos en la administración pública. Actualmente, representa al Colegio de Ingenieros y se dedica al desarrollo de un barrio cerrado en Cebil Redondo. Por eso, a fines del año pasado propició el primer encuentro en el que estuvieron, además, el empresario Pablo Padilla; el hidráulico Claudio Bravo; el urbanista Héctor Bomba; el ingeniero Ricardo Abad, titular de la Dirección Provincial de Vialidad, y representantes de la Dirección Provincial del Agua.

En los dichos de Bomba aparece, asimismo, el concepto de directrices. Él plantea que debemos repensar las ciudades piedemontanas para que sean sustentables. Y en ese ejercicio de pensamiento menciona dos ideas: que en las últimas décadas los tucumanos hemos ejercido presión sobre las faldas de las sierras de San Javier, ya sea con la agricultura, primero, o con las urbanizaciones, después (”se han transgredido las fronteras de los bosques”). Y que esos cambios no han sido gratuitos, sino que han ocasionado alteraciones en el sistema ambiental.

- ¿Cuáles son esos daños y en qué perjudican a los ciudadanos?

- Básicamente, se ha producido una disminución en la disponibilidad del agua que proviene de las napas subterráneas, que es la que se emplea para beber. Además, se observa una colmatación de los canales, debido al aumento del caudal de lluvia. Ante esta situación, las urbes del pie del cerro deberían tener una perspectiva única.

Mientras tanto, en El Manantial, otra comuna piedemontana, se suceden noticias similares. En noviembre último, el delegado Juan Carlos Bernard había resuelto prohibir todos los desarrollos inmobiliarios debido al impacto que estos han generado, tanto en el medio ambiente como en la provisión de servicios, según sus explicaciones. Además, arguyó que la comuna no contaba con carpetas ni permisos de obra de ninguna de las urbanizaciones especiales en desarrollo.

Subido a ese tren, Bernard ha agendado, para esta semana, un café con el empresario Jorge Rocchia Ferro, propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA y de proyectos habitacionales. Piensan conversar sobre los planes del empresario, quien prevé un barrio cerrado en la zona limítrofe con El Manantial.

La necesidad de agiornar la Ley de Loteo

La ley provincial de loteo (N° 5.380) fue promulgada en 1982 por Luis Merlo, un general de brigada que, por aquel entonces, gobernaba Tucumán. Han transcurrido casi 40 años y un crecimiento urbano apabullante, no solo en Cebil Redondo sino en todo el Gran Tucumán. No obstante, nunca ha sido “aggiornada”. Este punto es mencionado por el ingeniero civil Dante Diambra como una necesidad de que el Estado establezca normas claras para el desarrollo urbano actual.

Paso a paso

- El primer paso para desarrollar un barrio privado consiste en presentar la propuesta urbanística. Las municipalidades cuentan con códigos de planeamiento propios. Si el desarrollo se hará en una comuna, en cambio, la carpeta debe ser ingresada a la dependencia de Asuntos Comunales.

- Una vez que se cuenta con la aprobación del municipio o de la comuna -que son los dueños de su territorio- se debe solicitar la prefactibilidad de agua, en la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), y de no inundabilidad, en la Dirección Provincial del Agua (DPA). También se tramitan los permisos ante Edet y Gasnor.

- Con los proyectos ejecutivos avalados por esas reparticipaciones, corresponde llevarlos a la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia, en busca de un apto ambiental. Esa dependencia evalúa la propuesta y si, considera que el nivel de impacto ambiental es aceptable, envía un técnico para corroborar que el desarrollista no ha abierto calles ni hecho desmontes de manera previa.

- El próximo paso estriba en avisarles a los entes intervinientes que la obra comenzará (DPA, SAT y DPV -en este último caso, si correspondiera-).

- De manera simultánea, se entrega el anteproyecto de mensura en Asuntos Comunales o en la respectiva Municipalidad.

- Por último, se pide un final de obra ante la SAT y DPA, principalmente. Con esos certificados y el anteproyecto de mensura, se concurre a la Dirección Provincial de Catastro. En los últimos años, este organismo se abroqueló a lo establecido en la ley de loteos. Eso significa que no deberían aprobarse las subdivisiones de un padrón original sin la presentación de todos los finales.